Los Planes que no planifican

En estos días se publicó en el Boletin Oficial el “Plan Federal de Prevención de Delitos Tecnológicos y Ciberdelito (2019-2023)”, documento emitido por el Ministerio de Seguridad, en la resolución 977/2019  firmada por la Ministra Patricia Bullrich. (https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/220585/20191104)

Prima facie, me parece extemporáneo, que una gestión que no fue validada en la urnas, emita un documento con estas pretensiones. 

No obstante ello me encomendé a la tarea de leer detenidamente las once (11) fojas que componen el documento. 

Este es un decálogo de obviedades para las personas que estamos al tanto de la problemática, y  si bien, es valorable que se deje blanco sobre negro los temas a abordar en términos de prevención del ciberdelito, el documento deja sabor a poco y no hace un detalle de cada uno de los puntos tratados, solo da una somera idea de cada uno. Hasta se podría decir que el documento intenta aprobar con un 4 algún trabajo práctico de la materia.

Avanzando con algunos problemas conceptuales del contenido del documento, el Ministerio de Seguridad se arroga algunas facultades, que si bien no están positivamente expresados en el corpus normativo, claramente deben estar coordinados por órganos colegiados como puede ser el Congreso Nacional, como la confección de normas y la “Conducción y propuesta de tareas a proyectar.. .. ..  tanto en el ámbito público como privado”. 

Si bien el que suscribe es uno de los que reclama mayor normativa y obligaciones por parte de todos los actores del medio ambiente que se da en Internet, dejar en manos de las fuerza de seguridad este tipo de definiciones, es objetable como mínimo. En una Nación que pone a la república como forma de gobierno, se debe dejar la legislación en el órgano correcto.

Luego el documento establece un conjunto de metas, que si bien se puede coincidir o no con ellas, las mismas carecen de justificación positiva en el documento, y mucho menos, está expresado el mecanismo de concreción de las mismas.

Veamos cómo define la RAE lo que es un plan:

“1- Adm. Instrumento jurídico que, tenga o no carácter normativo, establece objetivos públicos y programas de actuaciones públicas y privadas temporalmente.”

El documento emitido por el Ministerio de Seguridad carece de un programa, es decir, la definición de un conjunto de tareas, con un objetivo concreto y limitado en tiempo y espacio. En otras palabras no es un plan, porque no establece una programación de actividades ni sus características, así como tampoco sus responsables o forma de medir su concreción. 

Lo peligroso de estos documentos “Como si”, es que si posteriormente alguien intenta salvar las dolencias de esta edición, no solo tendrá que hacer el esfuerzo de definir lo que realmente es una plan, sino que también deberá trabajar para refutar el documento anterior y justificar ante la gestión y la opinión pública toda, la necesidad de hacer un trabajo que en teoria “ya esta hecho”.

Hay algo ausente en el documento que estamos analizando, y que como se dice vulgarmente “Le esquiva el bulto”, a la necesidad de establecer obligaciones a los proveedores de servicios y deja en términos de un “pacto de caballeros”, la obligatoriedad de las actividades de prevención público/privadas en el conglomerado de personas que son parte del ecosistema de Internet. Es necesario establecer una línea base, es decir requerimientos mínimos, que los proveedores de servicio deben cumplir en pos de un ordenamiento operativo, posibilidad de prevención y posterior correcta persecución penal. 

Está probado por experiencias internacionales que la autorregulación sólo protege a alguien.. a las empresas. El ciudadano necesita de un estado presente como mecanismo de defensa de sus derechos. 

Ya a juicio personal un plan federal de prevención del ciberdelito no sólo debe cumplir lo que venimos desarrollando, sino que debe surgir del consenso de la sociedad, entendiendo tanto las necesidades de la personas, como la realidad de las empresas. Cuando uno habla de los proveedores de servicios siempre está en su mente las grandes corporaciones, pero en nuestro país, ese espacio es muy heterogéneo. En espacio este hay pequeñas pymes y cooperativas que deberían estar representadas. Si no se quiere sufrir un revés, tal como pasó  con el fallo Halabi, se debe lograr un consenso de la sociedad. Espero que en poco tiempo tengamos novedades, por el bien de todes.